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Tras los derrames, ordenan análisis de sangre a los pobladores de Jáchal e Iglesia

DSC_0854Fueron tres las medidas que decretó el magistrado. En diálogo con DiarioHuarpe.com, Oritja aseveró que ha solicitado al Ministerio de Salud Pública de la provincia que realice “un relevamiento y un monitoreo en toda las localidades al margen del río Blanco y río Jáchal, para que obtengan muestra de sangre de los pobladores y detectar si hay algún rastro de sustancias o signo de intoxicación crónica o aguda de las sustancias que estamos buscando“.

El relevamiento será realizado entre los habitantes de las localidades de Angualasto, Malimán, Malimán de arriba, Chinguillo, y de la finca Buena Esperanza, (localidad de Iglesia), así como también a los residentes del paraje La Isla, La Represa y Dique Pachimoco (Jáchal).

Entre los elementos que buscarán detectar en los análisis a los pobladores, en base al pedido de Oritja, se encuentran el manganeso, plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo total; zinc, aluminio, bario y cianuro, todos metales relacionados con la explotación minera.

Tras la notificación de este pedido a las autoridades de Salud Pública, las mismas tendrán un plazo de 30 días para presentar un informe. No está clarificada en el escrito del juez la cantidad de personas sobre las cuales deberán realizar el muestreo, dato que quedará a entendimiento del ministerio.

Por otra parte, y en el mismo escrito, Oritja ha ordenado medidas nuevas tendientes a evaluar toda la información que se ha colectado desde 2015 hasta la actualidad relacionada con los monitoreos de agua. “Le he pedido a todas las instituciones que han estado monitoreando el río que me envíen un informe con un gráfico en donde he determinado una serie de analitos (especie química objeto del análisis), los más trascendentes o que puedan generar problemas en la salud, para ver la evolución en el transcurso del tiempo y en los lugares donde se han estado monitoreando, si esa fluctuación ha superado la línea de base o no“.

Lo otro que ordenó es la “reevalución del proyecto hidráulico y la estabilidad y seguridad del sistema hidráulico del valle de lixiviación“. Esta responsabilidad había caído en manos de la CAEM pero tras una corrección, pasó a manos de la Dirección de Hidráulica.

Consultado sobre el porqué de esta nuevas medidas dictadas, Oritja explicó: “Este pedido viene en virtud de la inspección ocular que he realizado y la información que me viene llegando. Con esto entiendo que están dadas las condiciones o que ha pasado un tiempo prudencial para determinar si efectivamente los derrames que se han venido produciendo o la actividad de la mina ha dejado algún tipo de secuela en el ambiente o la salud de las personas“.

El problema que tenemos con el daño ambiental es que no es detectable en forma inmediata“, explicó el magistrado y aclaró que “con todos estos monitoreos que se vienen realizando desde el año 2015 podemos determinar a través de una curva de evolución, de seguimiento, de estos monitoreos si efectivamente hay una fluctuación por encima de la línea de base de los metales pesados o no“.

Por último, Oritja explicó que el levantamiento de la suspensión de la mina “depende de aspectos de carácter técnico” y que si esos informes indican que hoy está todo en orden, levantará la medida que pesa sobre la mina. Sin embargo, aclaró que si los informes que ha pedido indican otra cosa, “pues entonces podría tomar la medida de suspender de nuevo la mina“.

Fuente: Diario Huarpe

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